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| Ruinas del Tazumal, El Salvador. |
Como
parte de las actividades de reordenamiento que
la Alcaldía Municipal de San Salvador tenía programadas para el mes de
octubre del 2012, el desalojo del parque Hula Hula no escapa de la atención pública.
Las imágenes
transmitidas en vivo por los medios televisivos son realmente tristes.
En ellas
se pueden observar desordenes originados por los supuestos vendedores o
gremiales que dicen defender los derechos de la población que ejerce ahí el
comercio, y la respuesta de las autoridades con policías acorazados contra las
turbas; escenas de quema de llantas, lanzamiento de piedras, palos con clavos,
balas de goma y de todo tipo de objetos que se puedan utilizar con el fin de
ganar la batalla, donde no se sabe quién es el bueno y quien es el malo.
Los
vendedores luchan por conservar por la fuerza su puesto de trabajo, arengando
contra el edil capitalino y contra los policías, arremetiendo contra ellos a garrotazo
limpio y con piedras. Por escudo utilizan a sus menores hijos, algunas mujeres
deshumanizadas llevan a su bebes en brazos, otras los llevan corriendo de la
mano mientras huyen buscando refugio.
Por otra
parte los policías acorazados deben encontrar la manera de ganar terreno sin
abusar de su autoridad o fuerza, cosa que se ve francamente difícil en una situación
como esa.
Es lamentable
que en el año 2012, en una agrupación de
humanos que nos llamamos civilizados y que poseemos leyes para ordenar y
regular la vida de los miembros de la sociedad, tengamos que protagonizar
escenas como estas.
Los
derechos de los niños son atropellados por los mismos padres (vendedores)… al
exponerlos a estos escenarios. Contra ellos, esos padres irresponsables, la
Fiscalía de la República debería de iniciar un proceso sancionatorio.
¿Y los
derechos de los vendedores? Ante una situación tan anómala en la economía nacional
donde no se puede garantizar el empleo digno a las personas, debe existir un
programa conveniente para brindar apoyo a estos vendedores que son desalojados.
Las
autoridades pueden y deben ordenar el comercio informal, brindando alternativas
viables y de resultado inmediato, pues las personas necesitan comer, vestirse,
y cubrir otras tantas necesidades, no dentro de un mes, sino a diario… y el
Estado está en la obligación de garantizar las condiciones mínimas para que
esto suceda.
Cuando
el Estado es incapaz de cumplir su función, la población buscara la manera de
solventarla por medio de ventas informales o en el peor de los casos mediante
la delincuencia.
Los
vendedores deben acatar las normativas impuestas por las autoridades, pero
estas a la vez deben ser coherentes con la realidad que vive el país y procurar
no atropellar a las personas que tratan de ganarse la vida dignamente vendiendo
productos.
Sobre
esos vendedores que evaden impuestos, los nichos de ladrones, y todo tipo de
calañas que muchas veces se encuentran en esos sitios desordenados, sí debe de
caer el peso de la ley con todo su rigor.
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