Finalmente en El Salvador, se puso en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador (LAIP)... que pretende brindar a la población la información para conocer el trabajo y detalles de las instituciones de gobierno y sus funcionarios.
El salvador posee leyes muy buenas, redactadas con un espíritu de justicia, en el que se puede ver un alto sentido del estado de derecho; tal es el caso que una persona que pretenda estudiar la realidad nacional a través de sus leyes, podría concluir que en este país tan pequeño la justicia social es excelente; conclusión no tan acertada.
La nueva Ley de Acceso a la Información ha sido producto de un largo camino que data de más de 7 años de presiones y solicitudes a los diputados para su discusión y aprobación; obviamente los peligros de esta ley para el sector político son grandes, pero a la vez puede ser de gran ventaja, puesto que deja al descubierto a los funcionarios y su actuación a la cabeza de las instituciones que dirigen, permitiendo a la sociedad, a cualquier ciudadano verificar datos que podrían hacer que no sea reelecto.
Pero esta nueva ley no es aun lo que se pretendía, precisamente por que no se ha creado el Instituto de Acceso a la Información, el cual debió estar funcionando desde que entró en vigencia. Dicho Instituto es el que permitirá operativo el contenido de la ley, sin su existencia los ciudadanos solamente pueden acceder a la información que las instituciones permitan y no la que la ley ordena, precisamente por que no existe un ente que sancione o procese eficazmente la solicitud de los ciudadanos sobre la información que pretenden obtener.
Un periódico nacional presentaba un reportaje donde se evidencia que las instituciones han intentado dar cumplimiento a la ley, pero en muchos portales de internet, la información es escasa y no cumple lo que la ley ordena.
Por otro lado hay figuras que empañan la ley: por ejemplo existen algunos pasajes mediante los cuales se permite que las instituciones no hagan pública información por ser de mucha sensibilidad política u otras causas, pudiendo negarse al ciudadano solicitante la información.
Sobre todo es importante saber que la fiscalización ciudadana y el uso eficaz de esta ley permitirá un desarrollo en la democracia salvadoreña.
Todos los políticos prometen en sus campañas transparencia en su gestión al ser electos, con esta ley se garantiza el cumplimiento de esa promesa, pero para que eso suceda es necesario que la población presione para que no sea letra muerta, es decir una ley sin aplicación efectiva en la realidad.