El artículo 3 de la constitución de la
República de El Salvador dice que: “Todas las personas son iguales ante la ley.”,
pero en la realidad eso no es cierto, la práctica enseña que un funcionario
público no tendrá el mismo trato que el vendedor ambulante de zapatos. Tampoco existe
igualdad de trato ante la ley entre las personas que viven en la comunidad
populosa del centro de San Salvador, frente a las personas que viven en las
casas de zaguán grande en residenciales de la Colonia Escalón Norte.
Esa diferenciación es visible con mayor claridad
al sintonizar un noticiero nacional en horas del medio día o al finalizar la
tarde, donde se informa con lujo de detalles la cantidad de muertos y los operativos
que se desarrollan para dar con los posibles hechores.
Este día en particular se informaba de
un hecho criminal donde los ampones atacaron a balazos un taller de la Policía
Nacional Civil, en el hecho falleció un mecánico y fueron heridos 2 agentes del
orden. A consecuencia del crimen se dio persecución y rastreo de los hechores,
además se desplegó un fuerte operativo policial para dar con los responsables. Hoy
en particular participó un helicóptero y patrullas, pero ya se ha visto la intervención de tanques de la Fuerza Armada,
Agentes de Unidades policiales especializadas, miembros de la Fuerza Armada y
todos encapuchados, con chalecos anti balas, fusiles, granadas y pistola de
todo tamaño.
Entre las actividades que se realizan,
por lo general, implica sitiar una comunidad o población donde supuestamente
hay miembros de pandillas criminales. Irrumpen en las casas y revuelven todas
las pertenencias que ahí se encuentran, si en el lugar está un joven entre los
15 años o un hombre que ronde los 40 años es capturado, esposado y sometido violentamente,
frente a los ojos de su familia, le quitan la camisa y lo llevan semi desnudo hacia
la bartolina del puesto policial más cercano en vías de investigación aun que
no exista un verdadero indicio de su participación en el crimen. Eso es justo
lo que está pasando en El Salvador, a diario, tal cual sucedía en los años 1980
cuando inició el conflicto armado. Ya está faltando las torturas y la
desaparición de personas.
En términos técnicos una persona
capturada es una persona inocente, hasta que no se le haya probado lo
contrario. Pero en la práctica esa persona capturada en el operativo policial y
confinada a una celda maloliente pasará al menos 3 días, con buena suerte, o
una semana en esa condición, y para colmo de males su rostro ya ha salido en televisión
nacional. ¡Qué igualdad de ley ni que nada! eso no existe en El Salvador, y si puede evite contacto con los agentes de autoridad, especialmente si no debe nada.
Todos debemos conocer la ley y procurar
su cumplimiento en cada acción que decidamos poner en marcha, pero las
autoridades, llámese Policía Nacional Civil o Fuerza Armada, no se le puede
pasar la mano en temas de Derechos humanos, y justamente eso es lo que están
haciendo en la actualidad, rebasar los límites del abuso de poder. Se supone
que tienen todo el andamiaje estatal para sistematizar su actividad represiva o
preventiva orientada al criminal y no agravar a la gente honrada que no tienen
nada que ver con los malhechores. Implicarlos en una investigación solo porque
viven en una comunidad populosa, privarlos de libertad es una injusticia
suprema.
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